“Lo que queremos es que nos dejen nuestros propios modelos de desarrollo y nuestra autonomía para protegerlos y hacerlos realidad”.
Luz Gladis Vila Pihue, presidenta del Congreso Fundacional de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP)
El libro “Los protocolos de consentimiento libre, previo e informado como instrumentos de autonomía: sentando las bases para interacciones basadas en los derechos” fue publicado en español en abril de 2020. Complementa la versión en inglés lanzada en el Foro de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos en noviembre de 2019. Esta publicación explora el potencial de los protocolos autónomos de CLPI para contribuir a la lucha de los pueblos indígenas por la libre determinación, la autogobernanza y el control territorial.
Los derechos, la supervivencia y el bienestar de los pueblos indígenas en el mundo entero corren grave peligro como resultado de las acciones de las industrias extractivas, de energía, de agronegocios y de turismo. Para protegerlos contra estas amenazas, el derecho internacional reconoce el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas para decidir lo que sucede en sus propios territorios. Este derecho se implementa mediante el requisito de que los gobiernos obtengan el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de los pueblos indígenas. Con mayor frecuencia, los gobiernos y las empresas están haciendo promesas sin fundamento y falsas sobre el CLPI. Sin embargo, en la práctica siguen consultando con los pueblos indígenas de maneras que son culturalmente inapropiadas, que manipulan las formas indígenas de tomar decisiones y que ignoran el resultado de sus procesos de toma de decisiones.
En respuesta, los pueblos indígenas y afrodescendientes están documentando cada vez más sus normas de gobernanza en torno a la consulta y el CLPI, y exigen que todos los agentes externos las cumplan. Diferentes pueblos se refieren a estas reglas comunitarias de diversas maneras. Muchos pueblos indígenas y afrodescendientes las llaman “protocolos autónomos de CLPI”, mientras que otros se refieren a ellas como sus marcos o manifiestos reglamentarios o normativos.
La pandemia de COVID-19 ha resaltado la necesidad urgente de los gobiernos y otros actores externos de respetar estos protocolos autónomos de CLPI. Las enfermedades introducidas durante la colonización y posteriormente por la invasión de forasteros han diezmado a los pueblos indígenas. Hasta el día de hoy, las enfermedades y la contaminación causadas por las actividades de desarrollo impuestas tienen un profundo impacto en la vida, la salud y el bienestar de los pueblos indígenas. Frente a la última y grave amenaza del COVID-19, los pueblos indígenas y tradicionales están afirmando una vez más su derecho a regular el acceso a sus territorios, cerrándolos cuando sea necesario para impedir la afluencia de personas, organismos gubernamentales y empresas, y compartiendo material informativo que pone de relieve los riesgos que plantean los madereros, los mineros y los turistas cuando entran ahora en los territorios indígenas. Hasta la fecha, estas acciones han ayudado a frenar la propagación de la pandemia dentro de estas comunidades, a pesar de que hace algunas semanas se confirmaron casos en sus periferias.
Desafortunadamente, la pandemia esta además encubriendo a muchas empresas y organismos gubernamentales para que continúen, o amplíen, la explotación no deseada en los territorios de los pueblos indígenas y afrodescendientes, como lo demuestran los continuos asesinatos de defensores de los derechos humanos y de la tierra indígenas y afrodescendientes. En algunos países, como Colombia, el COVID-19 ha dado lugar incluso a intentos por parte del gobierno de imponer «consultas en línea» que son completamente contrarias a las normas de autogobierno de los pueblos indígenas y a su participación plena y efectiva en la toma de decisiones.
Esta publicación de la Red Europea para los Pueblos Indígenas (ENIP), INFOE, Forest Peoples Programme y la Facultad de Derecho de la Universidad de Middlesex Londres, publicada con el apoyo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, examina las experiencias iniciales con los protocolos autónomos de CLPI en América del Sur. En ella se constata que han hecho contribuciones tangibles para abordar las deficiencias críticas en las leyes nacionales y en las prácticas de los Estados y las empresas, en torno a la consulta, el CLPI y el respeto de la autogobernanza y los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Los estudios de caso contenidos en el libro, de los Wampis (Perú), los Juruna (Brasil) y los Embera Chamí (Colombia), muestran que estos protocolos pueden actuar como herramientas de resistencia y defensa de los derechos humanos. Estas reglas comunitarias, leyes internas y afirmación colectiva del derecho a la autogobernanza y la justicia comunitaria, desafían los procesos de consulta inadecuados o ausentes y establecen normas y procedimientos que deben cumplir los actores externos, los proponentes de proyectos y los procesos de consulta estatal y de CLPI.
Además de los tres estudios de caso, el libro proporciona una revisión de las experiencias mundiales con el desarrollo de los protocolos de CLPI, que son cada vez más comunes entre los pueblos indígenas, los afrodescendientes y otros pueblos que dependen de la tierra en el mundo entero. Muestra también que debido a la diversidad de los pueblos indígenas, no existe un proceso de consulta y de CLPI único para todos. En cambio, cada pueblo debe definir diversos procesos de acuerdo con sus propias realidades, prácticas y derecho consuetudinario. Concluye que “la elaboración autónoma de tales protocolos ha abierto espacios para la reflexión y el diálogo dentro de un mismo pueblo indígena y entre unos y otros. Estos espacios tienen un gran potencial para empoderar y para contribuir a la creación y el mantenimiento de la unidad y la autogobernanza entre los pueblos indígenas. Facilitan la creación de instrumentos y estrategias que permitan a los pueblos indígenas combatir la discriminación y defender la aplicación de las normas internacionales en las experiencias que les toca vivir”.
Este libro tiene como objetivo contribuir al cumplimiento pleno de los derechos de los pueblos indígenas a la autodeterminación y la autonomía en Latinoamérica. Las organizaciones colaboradoras consideran que las reflexiones de la publicación sobre los numerosos desafíos que implica el desarrollo y el uso de los protocolos de CLPI ofrecen elementos de reflexión en esta coyuntura crítica, en la que el control territorial efectivo es más urgente que nunca para el futuro de los pueblos indígenas. Se espera que los pueblos indígenas y afrodescendientes de Latinoamérica encuentren útiles los materiales y experiencias compartidos en este recurso en sus esfuerzos por afirmar el autogobierno y el control territorial, y para hacer una realidad sus derechos y bienestar en toda la región.
Una emotiva conmemoración a la luz de velas para
todos los y las líderes indígenas e integrantes de la comunidad que han
sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz en Colombia hace dos
años tuvo lugar en la plaza del pueblo de Riosucio, en Caldas, Colombia,
el 7 de diciembre de 2018. El canto «para nuestros muertos, ni siquiera
un minuto de silencio» capturó la sensación de abandono que sienten las
comunidades ante la intención del gobierno de proyectar una imagen de
un país pacífico para atraer a la industria extractiva y la inversión de
compañías o inversionistas extranjeros, mientras queda sin resolver la
carga sobre los líderes indígenas que intentan defender sus territorios y
permitir a sus pueblos vivir en paz y dignidad.
Los cantos fueron intercalados por canciones y poemas de resistencia y esperanza para el futuro:
“En esta noche serena el viento susurra un canto, El canto de los que duermen teñidos de sangre y llanto, Sus manos de labradores suplican bajo la tierra. La libertad de los suyos, el sueño de sus abuelos”
“Entonamos el Himno de la Resistencia, llevamos consigo palabras y pensamientos que realzan el sentido de la Paz en los territorios ancestrales “mu buma” aquí estamos y por siempre estaremos”. – con jóvenes y viejos que se declaran a sí mismos «el grito de aquellos que ya no existen».
Como en muchas otras partes de Colombia, los pintorescos Resguardos Indígenas de Cañamomo y Lomaprieta, Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, San Lorenzo, y Escopetera Pirza, territorios de los Embera Chamí en los municipios de Riosucio y Supía, Caldas, han sido víctimas de un alarmante número de asesinatos de líderes indígenas e comuneros en los dos años transcurridos desde la firma de los acuerdos de paz. 1 La mayoría de los asesinos son desconocidos, pagados por actores desconocidos con intereses en los territorios del Resguardo y sus ricos recursos en oro.
Reunión durante la visita del Relator Especial de las Naciones Unidas a Colombia.
Durante una misión de dos semanas a Colombia entre el 20 de noviembre y el 3 de diciembre de 2018, el Relator Especial de las Naciones Unidas para los Defensores de los Derechos Humanos, Michel Forst, se reunió con representantes de los Embera y otros pueblos indígenas. Expresó su profunda preocupación por el fuerte aumento de asesinatos de defensores de derechos humanos, que según la oficina del Defensor del Pueblo colombiano ha sido al menos un asesinato cada tres días. El Relator identificó a los pueblos indígenas como «uno de los grupos de defensores de los derechos económicos sociales y culturales que corren mayor riesgo».2 Esta realidad fue evidenciada por los asesinatos de 15 líderes indígenas e integrantes de la comunidad, de los cuales cuatro eran miembros de las comunidades Embera Chamí, en el transcurso de la breve visita del Relator.3 Hasta agosto de 2018, se estimó que la cantidad de defensores y defensoras de derechos humanos asesinados desde la firma del acuerdo de paz alcanza entre los 343 y 462.4 ONIC, la Organización Nacional Indígena de Colombia, afirma que en el período de tres meses desde que el gobierno de Duque llegó al poder en agosto de 2018, fueron asesinados 35 líderes indígenas.5
Los últimos asesinatos en las comunidades Embera Chamí en Caldas consistieron en la masacre, el 23 de noviembre de 2018, de tres integrantes de una familia en el Resguardo Cañamomo Lomaprieta: Gabriela Tapasco, una mujer activa en la organización social de la comunidad, su esposo Serafín Díaz y su hijo César Arturo Tapasco. Solo 10 días después, fue asesinado Edison de Jesús Naranjo Navarro, yerno de la actual gobernadora del Resguardo Cañamomo Lomaprieta, matado a balas por un motociclista a las 8 am del 4 de diciembre de 2018 en el Resguardo de San Lorenzo. El 11 de diciembre de 2018, el Defensor del Pueblo colombiano emitió una alerta urgente identificando los riesgos para la vida de los líderes indígenas en los resguardos de Embera Chamí debido a las actividades realizadas por los miembros del antiguo grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que ahora están organizados como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y Águilas Negras (Águilas Negras), y actividades de ex miembros del ELN.6
Sitio de una emboscada a miembros de la comunidad hace algunos años.
Sentado en la estrecha sala de reuniones de la pequeña oficina del Resguardo Cañamomo y Lomaprieta, solo dos días después del asesinato más reciente, rodeado de retratos de ex gobernadores Embera Chamí, cuatro de los cuales fueron asesinados como resultado de sus luchas para defender su territorio, me conmovió la valentía de aquellos líderes indígenas que continúan abogando por los derechos de sus pueblos a pesar de las amenazas de muerte y atentados contra sus vidas.
Uno de esos líderes es Héctor Jaime Vinasco. Héctor Jaime, ex gobernador del Resguardo Cañamomo y Lomaprieta y coordinador de su Programa de Patrimonio Natural y Minería, es responsable de supervisar la implementación de las propias leyes de Resguardo que rigen la minería, una capacidad de creación de leyes que se reconoce en la Constitución de Colombia y, más recientemente, en el Tribunal Constitucional de Colombia en un fallo histórico en 2016, que también reconoció el título territorial de Resguardo y sus orígenes coloniales. Debido a su papel activo en la defensa del territorio de Resguardo, Héctor Jaime ha enfrentado múltiples amenazas de muerte en el transcurso de la última década y ha sido testigo del asesinato de amigos y mentores. Al igual que varios líderes en todo el país, él es el beneficiario de las medidas de precaución y viaja con tres guardaespaldas en un vehículo pagado por la Unidad de Protección Nacional de Colombia.
«Colombia no es un país de posconflicto», explica Héctor Jaime cuando se le pregunta sobre el contexto que da origen a esta violencia contra los pueblos indígenas. “Todavía vivimos con los impactos del conflicto armado interno a diario. Los ricos recursos naturales en nuestras tierras ancestrales siguen siendo asediados por intereses externos, desde empresas extractivas hasta actores armados ilegales, que en muchos casos utilizan el oro como medio para lavar dinero obtenido del narcotráfico «.
A nivel personal para Héctor Jaime, esta dura realidad se refleja en el hecho de que durante la última década no puede abandonar su hogar sin el acompañamiento de guardaespaldas armados. Durante el café, bajo la atenta mirada de sus guardaespaldas, en el vibrante y colorido mercado local de Riosucio, Héctor Jaime explica que tomar un café o una cerveza en lugares públicos es algo que rara vez ha hecho en los últimos años. Sin sus guardaespaldas, simplemente no podría quedarse en el Resguardo, y no está dispuesto a contemplar dejar sus tierras ancestrales. Las amenazas a su vida han sido continuas y repetidas a lo largo de los años, no tiene privacidad y ni siquiera puede relajarse cuando está en su propia casa. Como él explica, «por la noche no es seguro ni siquiera salir de mi casa para alimentar al perro. Me siento como un prisionero en mi propia casa”. Héctor Jaime podría dejar el área y vivir una vida pacífica con su familia en otro lugar, lejos del Resguardo, pero su compromiso con la lucha de los Embera Chamí para defender su territorio es absoluto.
Los resultados positivos de esta lucha por parte de los Embera Chamí son evidentes a lo largo y ancho del Resguardo Cañamomo y Lomaprieta. Se reflejan tanto en los marcos legales autónomos que rigen sus actividades y la presencia de actores externos dentro de sus territorios, así como se hacen evidentes en el terreno. Se han plantado árboles para ayudar a proteger el territorio y restaurar sus ecosistemas; Las tierras de resguardo se han reclamado de los terratenientes y rancheros, y se han asegurado tierras para limitar la urbanización que invade las tierras comunitarias; El Resguardo se ha declarado zona libre de OGM y sus bancos de semillas proporcionan una de las pocas fuentes colombianas de semillas garantizadas sin OGM; los guardias indígenas entrenan y se movilizan para proteger sus territorios de amenazas externas; Se han protegido lugares sagrados y se han construido edificios ceremoniales; La minería ancestral ha sido protegida de concesiones mineras a gran escala y se han obtenido importantes victorias legales que facilitan la realización de los derechos territoriales, de recursos naturales y de autogobierno.
Todos estos son logros trascendentales cuando se ven en el contexto de amenazas constantes para el territorio y la vida que son una realidad cotidiana en los territorios indígenas de Colombia. Al mismo tiempo, aún quedan desafíos importantes para fortalecer el autogobierno del Resguardo, proteger la totalidad de su territorio y garantizar el modelo de desarrollo elegido por las comunidades. No menos importante entre estos desafíos es la amenaza siempre presente sobre las vidas de los líderes del Resguardo y los miembros de la comunidad.
Casi todos tienen una historia que contar sobre cómo los asesinatos, y el terror que causan, les afecta. Algunos miembros de la comunidad perdieron a sus familias enteras durante el conflicto armado: asesinados por miembros del ejército o paramilitares de derecha bajo la sospecha que apoyaban a las FARC, o por las FARC bajo la sospecha que apoyaban a los grupos paramilitares. Un hombre de treinta (30) años contó cómo casi a diario «durante el conflicto mis compañeros y yo descubríamos cadáveres en el Resguardo durante nuestros paseos por las montañas hacia la escuela. Hoy en día es más probable que haya un asesinato una vez por semana o cada segunda semana en este o en los Resguardos que lo rodean. Llegas a esperarlo, y cuando no escuchas un asesinato por un tiempo, empiezas a pensar que algo realmente malo va a suceder». Otro hombre explica cómo el mero sonido de una motocicleta que se aproxima puede generar temor en su paseo nocturno a casa. Una mujer indígena se hace eco de estas perspectivas, y explica que en la nueva era “post-conflicto”, mientras que el combate abierto y los bombardeos se han detenido, el terror permanece: “En el pasado sabías quién estaba cometiendo los asesinatos. Ahora los líderes indígenas y los miembros de la comunidad son asesinados, y nadie sabe por qué o por quién. Dicen que tenemos paz, pero no tenemos tranquilidad en nuestras casas ni territorios «.
El cada vez más conservador sistema político de Colombia, que sitúa a las industrias extractivas como la solución a los problemas económicos del país, permanece intencionalmente ciego o despreocupado por los enormes riesgos que esto supone para la supervivencia de muchos de los pueblos indígenas y afrocolombianos del país y, de manera más inmediata por la seguridad de sus líderes. La amplia cobertura de los territorios indígenas mediante concesiones mineras a gran escala, plantaciones de agroindustrias y proyectos de infraestructura y turismo, todo otorgado o establecido sin consulta o consentimiento significativo, la presencia de minería ilegal, narcotraficantes y los remanentes grupos armados en sus territorios, crean un ambiente volátil en el cual los que disputan estos intereses son inevitablemente atacados y asesinados.
El Relator Especial destacó el impacto desproporcionado del conflicto armado en los pueblos indígenas y el vínculo intrínseco entre la defensa de sus tierras y el medio ambiente, así como las amenazas que enfrentan en el contexto de los proyectos de minería, agronegocios, energía, infraestructura y turismo. Acogió con satisfacción «la inclusión de un capítulo étnico en el Acuerdo de Paz, [y] el mayor reconocimiento de la jurisdicción indígena y sus sistemas de gobierno autónomos», pero señaló que «garantizar su implementación rápida y efectiva es imperativo para su protección». También animaba “a las autoridades colombianas a garantizar el derecho al consentimiento libre, previo e informado», destacando que «los procesos de consulta deben ser significativos para garantizar la protección y el respeto de los derechos de las comunidades indígenas, en pleno cumplimiento de Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas ”.2
En respuesta a los últimos asesinatos, las autoridades del Resguardo Cañamomo y Lomaprieta reiteran su demanda de investigaciones efectivas y el castigo a los responsables, pidiendo:
La designación inmediata de un Fiscal Especializado para investigar los homicidios.
La presencia inmediata y urgente de las organizaciones responsables de la protección de los Derechos Humanos (la Oficina del Defensor del Pueblo, la Oficina del Gobernador de Caldas, la Oficina del Fiscal General y todas las demás instituciones competentes), para que estén al tanto de la situación y tomen las medidas apropiadas para abordar la grave situación de derechos humanos que amenaza la supervivencia de las comunidades indígenas en Riosucio, Caldas.
Que la Oficina del Procurador General lleve a cabo investigaciones oportunas cuando haya amenazas contra miembros de las comunidades indígenas, ya que la ausencia de procedimientos apropiados ha resultado en la muerte de miembros de la comunidad, como Edison de Jesús Naranjo.
La adopción inmediata de medidas de protección para las comunidades indígenas de Caldas en el marco de las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 15 de marzo de 2002.
Que el Gobierno Nacional y sus autoridades proporcionen las condiciones y garantías necesarias para la protección de los derechos humanos para las comunidades indígenas de Caldas y otras partes del país.3
Como era de esperar, dada la casi total impunidad de los perpetradores, hay poca fe en la disposición o la capacidad del Estado para investigar estos asesinatos o la esperanza de que cesen pronto.
Arnobia Moreno Andica, la actual Gobernadora del Reguardo Cañamomo y Lomaprieta, cuya hija mayor perdió a su esposo por el último asesinato en las comunidades Embera, hizo eco al sentimiento de muchos en la comunidad: «es extremadamente doloroso. No entendemos cómo o por qué la gente puede hacer esto. Causa gran sufrimiento en nuestras comunidades, pero hay que continuar con nuestra lucha «.
